24 sep. 2026
La Comisión de Legislación General analizó distintos proyectos de ley
La comisión dio tratamiento a diferentes iniciativas vinculadas a violencia digital, violencia y acoso laboral, educación, salud y seguridad vial. Entre ellas, se resolvió dejar en estudio el proyecto de Laura Clark sobre prevención y abordaje de la violencia digital en ámbitos educativos, que será analizado en una reunión conjunta con la Comisión de Educación.
El encuentro estuvo conducido por el presidente de la comisión, el senador de Fuerza Patria Germán Lago. También participaron Marcelo Leguizamón Brown (Hechos), Pedro Borgini (Fuerza Patria), Fernando Coronel (Fuerza Patria), Diego Videla (Fuerza Patria), Matías De Urraza (La Libertad Avanza), Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza) y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad). De manera virtual participó Federico Fagioli (Fuerza Patria).

En primer término, la Comisión de Legislación General abordó el proyecto de la senadora Laura Clark (Fuerza Patria), que establece el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. La iniciativa, conocida como Ley Ema, surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente que se quitó la vida luego de que se difundiera sin su consentimiento un video íntimo en el ámbito escolar. El proyecto busca establecer herramientas de prevención, acompañamiento y formación frente a situaciones de violencia digital en las instituciones educativas.

La iniciativa ya había sido tratada y recibido el visto bueno de la Comisión de Educación. En Legislación Social se resolvió dejarla en estudio hasta la próxima semana, cuando se realizará una reunión conjunta con la Comisión de Educación, prevista para el jueves 1 de octubre. El objetivo será profundizar el análisis de la propuesta, interiorizarse en sus distintos aspectos y definir su tratamiento.

Entre los proyectos que recibieron aprobación por unanimidad, se encuentra la iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados presentada por Martín Rozas (Unión y Libertad), que regula el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada del nivel secundario de la Provincia.

También obtuvo aprobación unánime el proyecto de la senadora Flavia Delmonte (mandato cumplido), que instituye el Día de la Dermatitis Atópica, a conmemorarse el 14 de septiembre de cada año. En el mismo sentido, recibió el visto bueno por unanimidad la iniciativa de Daniela Viera (Fuerza Patria), que establece el Día Provincial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, el 19 de mayo de cada año.

Por su parte, el proyecto de María Rosa Martínez (Fuerza Patria), que propone adherir a la Ley Nacional 27.580, correspondiente al Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, también fue aprobado.

Entre las iniciativas que tuvieron despacho de mayoría y despacho de minoría, se encuentra el proyecto de Mónica Macha (Fuerza Patria), que instituye el 17 de mayo como Día para la Erradicación de la Violencia Ginecobstétrica y Neonatal. La propuesta fue aprobada por mayoría y contó con un despacho de minoría de La Libertad Avanza en rechazo.

Asimismo, recibió aprobación por mayoría el proyecto de María Fernanda Raverta (Fuerza Patria), que declara de interés provincial el Juicio por la Verdad tramitado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, referido a los fusilamientos de José León Suárez y su determinación como crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, quedaron en estudio distintos proyectos provenientes de la Cámara de Diputados. Entre ellos se encuentra la iniciativa de María Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), que incorpora el artículo 28 a la Ley 13.927, de adhesión a la Ley Nacional 24.449, introduciendo modificaciones vinculadas al Código de Tránsito.

También quedó en estudio el proyecto de Soledad Alonso (Unión por la Patria), que crea el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral (OEVAL), destinado a la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia laboral ejercidas contra trabajadores y trabajadoras, tanto en el sector público como en el privado.